Enunciar la libertad de expresión como pretexto para escudar otras intenciones no es una práctica para nada nueva. Los medios de comunicación hacen uso de ese comodín con el objetivo de canalizar contenidos de todo tipo: racistas, misóginos, xenófobos, estigmatizantes o discriminatorios. Este abanico de posibilidades es extenso y está articulado a relatos globales promovidos desde una institucionalidad legitimada socialmente. Si el interés es condicionar al espectador, poco importan los recursos que se utilicen en esa empresa. No pasa nada. No hay consecuencias. Una vez que el contenido se pone en circulación, siempre está la posibilidad de apelar a la instrumentalizada libertad de expresión.
El país se encuentra en un momento de reconfiguración política y las agendas mediáticas lo tienen claro. El nuevo gobierno, funcional al proyecto neoliberal, demanda que todas las fuerzas aliadas viabilicen su agenda, diluyendo el rechazo y bloqueando las potenciales controversias. El rol de los medios de comunicación, en este contexto, es significativo para la difusión, en términos amplios, de los relatos promovidos desde el régimen.
El gobierno, sin que esto suponga alguna novedad, representa expresamente los intereses de la derecha ecuatoriana. Hay un banquero electo como presidente y su agenda económica gira en torno al libre mercado, la precarización laboral, la privatización de empresas públicas, la liberalización de capitales y la desregulación de la banca. En medio de este panorama hay una amenaza latente para los planes del gobierno. La piedra en el zapato es la movilización popular. La inconformidad se está avivando de a poco. Es inminente la convergencia de los sectores sociales que se verán golpeados por estas u otras medidas.
Al igual que con la pretendida autorregulación del mercado en el neoliberalismo, desde el gobierno se viene posicionando la idea de la autorregulación de los medios de comunicación. La pretendida reforma a la Ley de Comunicación, promovida desde el gobierno, incorpora en su artículo 5 lo siguiente: “Los medios de comunicación deberán regular su propio comportamiento […]”. Una muestra de que la pretensión neoliberal no es solo liberalizar la circulación de capitales, sino también, dejar la circulación de información a criterio de las empresas de comunicación.
En consonancia con esta estructura comunicacional, política y económica, el gobierno promociona la idea del país del encuentro y los medios de comunicación aliados responden raudos al llamado. El metarrelato requerido por el régimen se inserta en las narrativas mediáticas y estas lo inducen socialmente. Se hace evidente una sistemática sincronización de contenidos entre las agendas mediáticas y la narrativa gubernamental. El objetivo es anular las voces que pudieran minar en la ficticia paz social y, por otra parte, privilegiar a las que inducen la idea de un Estado de bienestar.
Entre los aliados hay ciertos que destacan. Su rol es anular socialmente a los personajes que le resultan incómodos al gobierno. En esa tarea no hay ética que interese. No hay código deontológico regulador. No hay responsabilidad ulterior. El objetivo es simple: erradicar cualquier potencial oposición, a toda costa.
En su primer programa de televisión, La Posta XXX expuso de manera flagrante y en señal abierta ser parte de ese proceso. Sí, no es novedad. En la parrilla de programación de las grandes empresas de comunicación del país reina un ya clásico tipo de producción –fórmula exitosa del rating–, que denigra al ser humano, violenta sus derechos y subestima su capacidad crítica. No por ello cabe la indiferencia y subestimación respecto al rol que estos medios, que representan a la clase dominante, juegan en los distintos contextos políticos que enfrenta una sociedad. Más allá de lo que ya se ha dicho respecto a un carácter racista de sus contenidos, el caso de La Posta XXX ilustra claramente un extendido ejercicio político, llevado a cabo por los medios de comunicación aliados o funcionales al proyecto político de la derecha ecuatoriana y latinoamericana. Una comunicación que nada tiene de improvisada o aislada. Al contrario, se encuentra orientada por una muy bien delimitada línea editorial –de la que poco se habla y que corrientemente se encubre bajo enunciados de imparcialidad, objetividad, humor o irreverencia– que, en realidad, se encuentra gobernada por intereses políticos y económicos.
Consiste en un tipo de comunicación que no solo deja réditos económicos individuales, sino que contribuye, principalmente, al sostenimiento del modelo económico imperante. Frente a ello, cualquier tipo de amenaza, como la que supone, por ejemplo, Leonidas Iza –en tanto sujeto acumulador de un significativo capital simbólico, respecto a la movilización popular– y la misma movilización, deben configurarse como vandalismo, inseguridad y delincuencia. El discurso mediático se elabora en función de la estructuración de un metarrelato que, además de la idea del encuentro, apunta por sobre todo a arremeter contra cualquier intento de reclamo popular. El fin último es la contención y la desarticulación, a cualquier precio, del peligro concreto que representa la movilización de la sociedad para el régimen. Y, ante lo inminente, el medio aliado opera en la construcción y sostenimiento de cualquier argumento que legitime la violencia estatal. Algo que, en el contexto del neoliberalismo, ha destacado históricamente por la instauración del terror, de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, de la violencia mediática, y de las atroces cifras de víctimas de su violencia estructural.
En el neoliberalismo, tal como sucede con el mercado, la idea de libertad se instrumentaliza en función de un ejercicio comunicacional sin regulación. No se trata de la libertad colectiva, la que libera de la dominación y de la miseria, sino de una libertad en el sentido de la libre expresión para la libre violencia de Estado, para el libre mercado, para la libre explotación, para la libre acumulación. En esa ruta, nada importa: la reflexión, la coherencia, la ética. Los mismos medios que, en base al enunciado de la libre expresión, apelan a la no regulación y sostienen que “la mejor ley es la que no existe”, pretenden cuestionar la movilización social en nombre de la ley y el respeto a la institucionalidad. La neolibertad de expresión puede ser tan libre y funcional, que ampara hasta lo absurdo y lo contradictorio. Lo que interesa, en definitiva, es la libertad de empresa, de privatización, de represión y, en última instancia, la libertad para el desarrollo del capital.
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